Un reflejo de lo peor

En la situación que vive el Partido Popular se refleja lo peor de la política española, lo más bajo en lo intelectual y en lo moral. Se refleja cada vez que dirigentes políticos que nunca han creído ni por asomo que Rajoy fuera a ganar las elecciones lleven 5 años hablando de esa forma grotescamente pomposa de que “Rajoy será el próximo presidente del Gobierno de España” o de “llevar a Mariano a La Moncloa”, tanto antes como después de las dos derrotas consecutivas. Se refleja cuando la unanimidad de cargos del partido se sitúan contra Esperanza Aguirre en una peculiar batalla ideológica, peculiar porque no contrapone unas ideas a otras sino que se libra entre quien está a favor de que haya ideas y quienes encuentran en el peloteo a “la dirección nacional” de turno lo más parecido a una ideología que conocerán jamás.

No me extraña nada que Aguirre no haya acudido al Comité Ejecutivo; tiene que ser difícilmente soportable el chorreo de intervenciones a favor de la “unidad del partido”, de la “disciplina de partido”, de “estar todos con nuestro presidente nacional” y otras formas de peloteo. Lo que nos ha demostrado este episodio a quienes estamos fuera de la política es lo universal y transversal que resulta la noción de que ascender en el aparato de un partido, el que sea, es algo así como ser Prefecto de Policía en la Casablanca de Curtiz. La ideología, cuando va más allá de alabar al “partido” y a la “dirección”, no es un prerrequisito sino un obstáculo. La estadística concluiría que la formación ideológica, la cultura y los idiomas son un serio inconveniente, atendiendo a la situación en la que se encuentra la única dirigente del PP que no carece de ellos. Y, sobre todo, atendiendo al meteórico ascenso del “Leire Pajín” del PP, ¡pues no se permite Nacho Uriarte acusar a Aguirre de presionar a los alcaldes! Idiomas, cultura, estudios o experiencia profesional alguna no tendrá, pero ingenio no le falta, habida cuenta de que sin el veto de Génova a quien intentó presentarse contra él en el congreso de Nuevas Generaciones no habría sido elegido ni compromisario.

En síntesis, no duden ustedes de que si Aguirre no hubiera alcanzado resultados electorales históricos en Madrid, no fuera adorada por la base del PP en toda España, no tuviera ideología, no tuviera cultura, no hablara idiomas y no se saliera del discurso de “todos apoyamos a Mariano Rajoy que va a ser el próximo presidente del Gobierno de España”, la habrían apoyado como apoyaron Rajoy y Mayor a Camps, el “hombre más honrado de España”.

Aclaraba lo de “política española” al inicio porque hay qué ver qué diferencia con la gala. Se ha dicho siempre que Francia tiene una política más personalista, donde los candidatos -y los candidatos a candidato- tienen sus propios seguidores, dentro o fuera de los partidos. Así, en la izquierda, Ségolène Royal mantiene su candidatura a 2012 al margen de lo que pueda opinar el aparato del PS. Su ex, y ex primer secretario del PS, Hollande, impulsa su candidatura desde una plataforma independiente del partido en la que se discuten y debaten ideas para su programa electoral sin ser perseguido por ello por el aparato del PS. Aparato dirigido por Martine Aubry con un enfoque radicalmente opuesto al de Hollande, el candidato con más posibilidades. Y allí no hay pelotas apoyando a un candidato que saben que no va a ganar, ni un aparato de partido machacando a los dirigentes con ideas y ambiciones propias. Lo que hay son primarias, sin compromisarios ni nada parecido (¡qué sería del camarada Uriarte!).

En la derecha, Nicolas Sarkozy impulsó con el apoyo de las bases de la UMP (entonces una mera coalición, que Sarkozy convirtió en un auténtico partido) su candidatura a l’Elysée. El sistema “personalista” permitió a Sarkozy lograr la candidatura de las presidenciales gracias al entusiástico apoyo de las bases de la derecha y pese a las maniobras, algunas delictivas, del entonces presidente, Chirac, y del entonces primer Ministro, Villepin. No se trata de un sacrificio de la UMP o del PS a favor de una democracia de mayor calidad, sino de una cultura política en la que sería inaceptable, escandaloso incluso, hacer lo contrario, someter a los dirigentes con personalidad y apoyos a lo que diga el aparato de un partido, lo que está viviendo ahora el Partido Popular, incluyendo la persecución contra Esperanza Aguirre por ser Esperanza Aguirre y no un aplauso más al que se dice líder.

El intervencionismo de Aguirre y otras injurias

Durante la primera legislatura de Zapatero, el Gobierno y todos los poderes fácticos, especialmente PRISA y los nacionalistas, se empeñaron en estigmatizar a Ángel Acebes y Eduardo Zaplana, dos ex ministros de Aznar que fueron quienes durante aquellos cuatro años hicieron oposición en asuntos como la negociación con ETA y el Estatuto de Cataluña. Acebes y Zaplana ni eran anticatalanes ni eran fundamentalistas religiosos, pero daba igual porque el único motivo para atacarles era que se trataba de los dos pesos pesados que defendían las posiciones y los valores del PP. En el caso de Zaplana, la SER y otros medios insinuaron en numerosísimas ocasiones que era un político corrupto; pues bien, es de los pocos en el PP valenciano que no ha sido nunca imputado por nada. Perdidas las elecciones, el propio Rajoy pareció dar por bueno este estigma contra Acebes y Zaplana cuando, precisamente para romper con esa imagen, anunció que se presentaría al congreso del PP con su "propio equipo".

Algo parecido vienen sufriendo últimamente Ignacio González y Francisco Granados. Han gestionado bien sus responsabilidades, no han sido responsables de ningún desastre y por mucho que le pese a El País y a Público jamás han sido investigados o imputados por delito o falta alguna. Y, sin embargo, la izquierda mediática y los enemigos de Aguirre en el PP han reutilizado la estrategia de desgaste y estigmatización que ya emprendieron con Acebes y Zaplana, porque atacando a González y a Granados lo que quieren es acabar con Esperanza Aguirre. El entorno político y mediático de Gallardón, es decir, Manuel Cobo con la entrevista en El País, Germán Yanke y Pablo Sebastián (quien cada quince días pide a Rajoy una gestora para el PP de Madrid), lleva meses siguiendo esta estrategia. Una campaña que llega al ridículo en el caso de El País, pues el mismo medio de comunicación que publicó un vídeo que demostraba el espionaje político a Ignacio González, ignora por completo dicha revelación y se centra en unas supuestas contradictorias notas a mano de unos supuestos funcionarios que no han logrado probar ningún seguimiento ilegal a nadie.

En este contexto, estudiemos ahora las declaraciones de Cobo en El País, cargadas de violencia esta vez directamente contra Esperanza Aguirre y contra su propio partido en Madrid. Empezando por lo más grotesco, la acusación que hace contra la Comunidad de Madrid de haber montado una gestapillo (comparando al Gobierno de Aguirre con la policía secreta de Adolf Hitler) para chantajearle ("hacerme dependiente de ellos") debería conllevar, de inmediato, una querella por injurias, al margen de lo que el Comité de Derechos y Garantías del PP decida sobre su militancia a raíz de haber llamado "hipócrita", "sinvergüenza" y "sin escrúpulos" a la presidenta regional del PP en Madrid.

Pero yendo a la cuestión de fondo, acusa Cobo a Aguirre de "intervencionismo", dice que se presenta una y otra vez como una liberal y que jamás ha visto a un Gobierno así de intervencionista, citando como ejemplos Telemadrid, la Cámara de Comercio, IFEMA y, ahora, Caja Madrid. Rebatamos la falacia. Liberal es el Gobierno que respeta y aumenta la libertad política y económica de sus ciudadanos y gestiona transparente y eficientemente los recursos públicos. Pues bien, Telemadrid, la Cámara, IFEMA y Caja Madrid son entidades que o pertenecen a la Comunidad de Madrid o son tituladas o financiadas por la Comunidad de Madrid. Luego si el Gobierno regional no "interviniera", es decir, se desentendiera pero siguiera financiando o siendo titular de estas entidades, estaría instalando un corporativismo propio del Antiguo Régimen, pues habría entidades que siendo de, o siendo financiadas por, los contribuyentes madrileños, estarían fuera de todo control por parte de los contribuyentes.

Esperanza Aguirre ha manifestado en más de una ocasión su disposición a privatizar algunas de estas entidades, como va a hacer con el Canal, pero como bien sabe Cobo no tiene competencias para hacer lo propio con otras, como Telemadrid. Pues bien, ante la obligación de tener todas estas corporaciones que dependen de la Comunidad de Madrid, Aguirre podría hacer dos cosas, ignorar la tele, la Cámara, la caja, etc., y dejarla en poder de quienes venían mandando (por ejemplo, los sindicatos CCOO y UGT en Telemadrid), eximiéndolas de todo control por parte del contribuyente, o tratar de gestionarlas con transparencia y eficacia. Eso es lo que hace, o intenta hacer, el Gobierno de Aguirre, con las dificultades que se encuentra dado el entramado de poder que heredó, como en el caso de los sindicatos en Telemadrid.

Aclarada la falacia del intervencionismo (que, por cierto, no explica Cobo por qué lo es menos si es Génova quien "interviene"), podemos analizar en serio quién es liberal y quién no por los hechos, como gusta Cobo. El Gobierno de Aguirre ha gestionado más eficazmente (hospitales, centros de salud, colegios públicos bilingües, kilómetros de metro...) que el anterior, y ello pese a la asfixia presupuestaria de Zapatero y el acoso de algunos dirigentes de su partido. En consecuencia, el PP de Aguirre ha superado los resultados electorales del anterior periodo. Y todo ello ahorrando: Aguirre ha bajado todos los impuestos (tramo autonómico del IRPF, sucesiones y donaciones, etc.) mientras que Gallardón los ha subido y los sigue subiendo y además por duplicado, como en el caso de la tasa de basura, siendo aún más grave el gigantesco endeudamiento de la ciudad, pues son los impuestos de mañana. Además, Aguirre, oponiéndose al nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, ha defendido la igualdad jurídica de los ciudadanos, pese a presidir la región más rica de España. Todo ello a la vez que ha defendido prácticamente en solitario los derechos de los homosexuales y la regularización de la prostitución, mientras el centrismo callaba sobre estos asuntos.

Probablemente Rodrigo Rato, Ignacio González y Manuel Pizarro serían excelentes presidentes de Caja Madrid. Ahora, la prioridad política en este momento es que Aguirre siga defendiendo dentro del PP, contra viento y marea, los principios liberales, que defienda el honor de su Gobierno frente a las injurias de Cobo y El País y, sobre todo, que reafirme su liderazgo en la Comunidad de Madrid, con todo lo que ello implica respecto a Caja Madrid, según el mandato que le hemos dado reiteradamente los votantes del PP en Madrid.

Respuesta de Esplugas

Creo que no nos estamos entendiendo.

Planteas cuestiones a las que ya he respondido en el artículo ("el puritanismo ideológico de Esplugas es un aliado del inmovilismo") y me atribuyes posiciones que no son mías ("el modelo de homeschooling que él defiende"). Por lo demás creo que estás confundido respecto a lo que es un sistema de planificación central. Cuando hablamos de un sector básicamente nacionalizado por el Estado como el de la enseñanza, donde no hay un mercado competitivo en el que distintos agentes invierten sus recursos, ofertan servicios diversos, compiten en precio y calidad etc. con el objeto de maximizar sus beneficios, estamos ante un sistema de planificación central. Puede quedar "demode" que utilice este término, pero es eso y no otra cosa. Dotar de autonomía docente o de gestión a los centros públicos puede ser una mejora, pero en el marco de un sistema de planificación central. El hecho de que para ti la desregulación equivalga a "suprimir la escolarización obligatoria y cualesquiera contenidos mínimos en el sistema educativo", y que la obligación de escolarizar ya implique unos contenidos educativos estatales me parece sintomático de que estás subestimando gravemente los beneficios de un mercado educativo. De nuevo, hoy el Estado nos está imponiendo una dieta a todos mediante un Ministerio de Alimentación (está imponiendo a casi todos los alumnos un mismo modelo docente y curricular mediante un Ministerio de Educación). Tú no defiendes la abolición de este Ministerio, a lo sumo quieres hacer que la dieta sea un poco más flexible, o que pueda haber unas cuantas. Yo soy partidario de cerrar el Ministerio y permitir cualquier dieta (concediendo, a efectos diálecticos, que se obligue a todos a comer y que determinadas dietas abiertamente perjudiciales - madrasas etc.- estén prohibidas). Es decir: que cada escuela privada tenga libertad para ofrecer las asignaturas que quiera, las horas que quiera, con el horario de clase que quiera, libertad para escoger los libros de texto que quiera y diseñar los itinerarios que quiera, libertad para emplear la metodología de evaluación y enseñanza que quiera y poner a disposición de profesores y alumnos los medios que quiera, libertad para contratar al profesorado que quiera y utilizar el proceso de selección que considere más adecuado etc. Piensa en el homeschooling, cuya práctica considero que tiene que ser legal, y en todas las posibilidades que ofrece en cuanto a metodologías de enseñanza, contenidos etc. y extrapólalo a la escuela formal. Esa es la variedad y la libertad creativa que debería permitirse en la enseñanza, a todos los niveles. ¿Se aprecia la diferencia? Hoy en día prácticamente no hay ningún aspecto de la enseñanza que no esté regulado hasta el último detalle. Yo quiero que lo excepcional sea que algo esté regulado. Tú propones parches al sistema de planificación central, yo en todo caso pondría parches al sistema de libre mercado, en el que todas las escuelas son privadas, la mayoría funcionarían como empresas con ánimo de lucro afanosas por atraer alumnos, compitiendo entre sí en currículum, modelo docente, profesorado etc. y el Estado en todo caso concede cheques a las familias menos pudientes.

Dicho esto, algunas de tus propuestas van más allá de la autonomía de centros públicos (por ejemplo, el cheque escolar) y en esto sentido estamos más cerca de lo que al principio he dado a entender (no he leído tus artículos previos sobre este tema, me he limitado a comentar los que hacían referencia a los míos). Sigo pensando que no estás lo bastante cerca, en el plano teórico al menos. No me parecen mal tus propuestas reformistas, por "impuras" que sean. Estoy muy a favor de las mejoras graduales, en ningún momento he criticado está vertiente pragmática. Simplemente mi enfoque es más teórico, y creo que por pragmático que sea uno es esencial tener una teoría sólida detrás que te oriente y sirva de horizonte. Entendí que tu horizonte era corregir ciertas carencias del sistema público pero mantenerlo al fin y al cabo, no privatizarlo y desregularlo masivamente. Y ahí es donde discrepamos.

En cuanto al tema de la ilegitimidad del derecho de propiedad del Estado, nos llevaría a iniciar un debate sobre anarquismo de mercado y ya he tenido varios últimamente (puedes buscar en mi blog, bajo la pestaña/categoría de "Anarco-capitalismo"). Me temo que partimos de premisas distintas.

De qué hablamos cuando hablamos de regulación

Albert Esplugas contesta en su blog a un artículo que yo no he escrito. Desde el mismo título del post, que presenta mi modelo educativo como “planificación central”, se distorsiona lo que vengo defendiendo desde hace años, llegando esta distorsión al límite cuando se presenta así el modelo que dice que yo defiendo: en el que el currículum y modelo docente es definido por el Ministerio de Educación e impuesto uniformemente a todos los centros, y en el que los padres son obligados a financiar las escuelas vía impuestos sin poder elegir de entre una oferta diversa. Distorsión que roza la manipulación, como pueden comprobar quienes hayan leído mis artículos sobre el cheque escolar, sobre la autonomía de los centros, sobre la especialización de los mismos y sobre la creación de diversas vías de estudio.

En ningún caso he defendido yo la uniformidad. El modelo educativo que yo defiendo es aquel en el que colegios pertenecientes a distintas Administraciones, fundaciones, empresas privadas del sector educativo, ONG, empresas privadas de otros sectores, congregaciones religiosas, cooperativas de profesores o grupos de padres, puedan competir libremente en igualdad jurídica. Para ello, he defendido instituciones como la autonomía docente, un sistema de financiación ligado a la elección libre de los padres (suprimiendo las comisiones de escolarización, los sistemas de puntos, la preferencia geográfica, etc.) y la práctica supresión de la enorme burocracia exigida a los centros. Resultaría, así, que no habría una “competencia desleal” que distorsionase la oferta, que la escuela pública tendría incentivos a la movilidad y, gracias al cheque escolar, que se creen incentivos para que a las empresas privadas les salga rentable la educación de los más pobres. Y en lo que concierte a la escuela pública, he defendido la diversificación de los centros docentes en distintos proyectos educativos, mediante un sistema que permita e incentive la especialización a través de una autonomía de gestión, libre elección de centro y contratación de los profesores por parte de los centros. Finalmente, en lo que respecta al sistema educativo en sí, he defendido que desde los 13 o 14 años haya distintas vías de estudio reconocidas, unas con mayor orientación técnica, otras con mayor orientación académica, rompiendo así con la uniformidad que la LOGSE impuso en la escolarización obligatoria hasta los 16 años.

Tal vez para Esplugas todo lo anterior sean síntomas de un modelo de “planificación central”, definición “uniforme” del modelo por un Ministerio, “imposición a todos los centros” e imposibilidad de “elegir entre una oferta diversa”. Lo único en lo que yo discrepaba con él es en “desregularizar” la enseñanza, es decir, suprimir la escolarización obligatoria y cualesquiera contenidos mínimos en el sistema educativo, y en su consideración de que la única reforma que tenemos que defender los liberales en privatizar toda la educación pública, laboralizar a todos los profesores funcionarios y desregularizar, en vez de defender reformas que reintroduzcan el esfuerzo y la disciplina y que abran el modelo a nuevas formas de especialización y competencia. Pero resulta que sí apoya ahora Esplugas una “escolarización obligatoria”. Aquí cae en una de esas contradicciones que le gusta señalar, habida cuenta de que si es obligatoria –coercitiva, impuesta por el Estado-, tendrá que tener un contenido esa obligación, y ese contenido no es otro que enseñar matemáticas, lenguaje, ciencias y conocimientos culturales. ¿O se define la escolarización sólo por la presencia en un centro unas determinadas horas? En tal caso, la obligación se satisface escolarizando en unos centros autorizados por el Estado para cumplir con esta obligación, y ello exigiría de nuevo unos contenidos exigibles a los centros para su autorización. Con lo que en el modelo “libertario” y purista de Esplugas ya nos encontramos con contenidos educativos estatales, autorizaciones administrativas e inspecciones a centros docentes. Incluso el modelo de homeschooling que él defiende se basa en que los padres enseñen de manera más eficiente, es decir, que se estudia comparando la eficiencia para llegar a unos contenidos mínimos, y los defensores de este modelo buscan sustituir la escuela por la familia para llegar a los contenidos mínimos estatales y demostrar que sus hijos aprueban con éxito exámenes estatales basados en contenidos estatales.

Y esto último, lo de los exámenes estatales para controlar la escolarización ejercida de manera diversa por agentes diversos, se parece peligrosamente al modelo que yo defiendo. Porque superada la pérdida de tiempo que supone ponerse a discutir sobre si estamos a favor o en contra del trabajo infantil o de la enseñanza obligatoria, nos encontramos con unos contenidos mínimos definidos por el Estado y la cuestión es qué modelo defender dentro de ese margen, de esa regulación. Y dentro de ese margen, mi modelo no podría ser más liberal, dado que lo que propongo es sustituir la burocracia, las inspecciones y el intervencionismo estatal sobre los centros a la hora de financiarlos, por una total autonomía en los medios contrarrestada por un exigente control estatal de los resultados, mediante exámenes estatales externos a los centros. Exámenes estatales que, además de permitir al Estado mejorar la evaluación y gestionar mejor sus centros, facilitarían a las familias información objetiva para poder basar sus elecciones en algo más que el comedor del colegio. Y que abriría las puertas a un sistema de financiación por incentivos al mérito, algo imposible en un sistema como el actual, lleno de papeles, regulaciones y procedimientos pero donde nadie examina a los alumnos al final de cada etapa ni nadie exige cuentas a los centros basándose en sus resultados. La Comunidad de Madrid ya ha empezado, estableciendo pruebas externas para medir los resultados de los centros, y ello ya ha repercutido en la reconsideración de algunas medidas pedagógicas como la supresión de los dictados. Intervencionismo puro, imagino, para Esplugas.

Y termino con una cuestión que tenía pendiente con Esplugas y es la referida al papel del Estado con relación a sus centros públicos. Dice Esplugas que mi argumento de que el Estado, como cualquier otro propietario, tiene derecho a fijar ciertas reglas en sus centros, falla al no considerar la “ilegitimidad” de la propiedad estatal. Me parece una infinita exageración: una cosa es estar a favor de reducir el gasto público y rechazar el monopolio del Estado en ámbitos como la educación, y otra es equiparar la propiedad estatal de los colegios públicos al hurto. Yo, por mi parte, estoy a favor de que las regulaciones se abran cada vez más y sin discriminaciones (en el acceso a la financiación, por ejemplo) a los agentes privados, y de que se creen incentivos para que éstos se ocupen de la educación en las zonas más deprimidas. Ahora, en lo relativo a los centros públicos, tiene que haber un titular, que es el Estado, y ese titular tiene que ejercer las facultades inherentes a cualquier propietario. Frente a quienes sostienen que todo debe decidirlo la “comunidad educativa”, las asambleas de estudiantes, los Consejos Escolares o las asociaciones de padres, yo creo que tiene que haber un equipo directivo que rinda cuentas y que tenga autonomía para gestionar. El discurso de Esplugas, de que la propiedad estatal es un robo y por tanto no hay legitimidad para tomar decisiones, hubiera frenado las grandes reformas que Aguirre está llevando a cabo en la escuela pública, como la especialización de los institutos y de los colegios (véanse los colegios públicos bilingües, programa ahora abierto a los concertados), el reforzar la autoridad del profesor y de los equipos directivos o la implicación directa de la Comunidad en los resultados de los centros públicos. Por ello, una vez más el puritanismo ideológico de Esplugas es un aliado del inmovilismo socialista y pedagogista: dado que no parece que se vaya a privatizar la escuela pública, negar legitimidad a las reformas que con todo derecho han iniciado Administraciones como la de Esperanza Aguirre en los centros de los que son responsables, no hace sino contribuir a que los centros públicos sigan siendo exactamente como hasta ahora: una extensión de una Administración pública basada en la uniformidad, la ineficacia y la igualación de resultados para abajo. Y eso, ¿qué tendrá de liberal?

Réplicas y contrarréplicas

Por interesante que resulte el cruce argumentario entre Albert Esplugas y yo a propósito del uso del burka en los espacios públicos, temo que una nueva sábana expositiva al respecto acabe por aburrir a los lectores de Libertad Digital y quisiera sólo contestar aquí a un tema que plantea de pasada la última réplica de Esplugas, el referido a la educación, el liberalismo y el papel del Estado. Dejo aquí el link a dicha réplica de Esplugas, que enlaza a su vez a los artículos y réplicas de ambas partes, que anteceden en el debate sobre el burka.

La réplica de Esplugas deja claro que más que una controversia en el ámbito de la ideología liberal, estamos ante la exhibición de diferentes ideologías. Con permiso de los anarcocapitalistas, de los libertarians y demás, seguiré llamando liberal a la mía. Sé que hay quienes considerarán mis planteamientos -en ocasiones mucho más liberales que los de Reagan, Thatcher, Aznar o Aguirre- propios de un estatalismo paternalista y redistributivo pero, apelando a su tolerancia, yo voy a mantener la etiqueta.

En efecto, me opongo por completo al escenareo educativo que Esplugas considera "ideal" (privatización de todos los centros públicos, desregularización total de los contenidos y formas educativas, etc.) todo ello sin entrar en otros escenarios igualmente "ideales", como la privatización de las calles, del mar, de la justicia o del ejército, que he leído con gran interés en sitios liberales como el del Juan de Mariana.

Soy partidario de que la educación se beneficie de los incentivos de la libre competencia y, por ello, defiendo que los agentes privados puedan ofertar y demandar proyectos educativos propios, defiendo un sistema de financiación como el cheque escolar (tal vez redistribución ilegítima de renta para Esplugas) que compatibilice las ventajas del mercado con la promoción social, y siempre he estado a favor de una mayor diversidad de opciones formativas dentro del sistema educativo. Ahora bien, dígase lo que se diga, yo estoy a favor de que haya una edad de escolarización obligatoria -lo que no significa con una misma formación- y, desde luego, de una regulación de los contenidos mínimos obligatorios (si bien preferiría que el Estado los fije con claridad y los evalúe mediante exámenes externos a los alumnos, en vez de gestionar e inspeccionar directamente el funcionamiento de cada centro mediante ineficaz burocracia).

Creo que es absolutamente legítimo que la sociedad impida que una familia gitana decida no alfabetizar a sus hijos, que un padre musulmán decida no escolarizar a su hija, que se enseñe (en centros públicos o en privados, igual me da) que los etarras son héroes o que Arabia Saudí abra una escuela donde se enseñe la sharía. Y no sólo es un derecho de la sociedad, sino que concibo el sistema de Instrucción pública como un derecho individual de cada niño a recibir una mínima formación cultural con independencia de los deseos de sus padres, una formación que le permita elegir lo que quiere hacer con su vida cuando tenga la edad adecuada.

Es más, todos los liberales ilustrados, como Condorcet (el enemigo intelectual de Rousseau, léase La Gran Estafa, de Alicia Delibes), defendieron precisamente un sistema de Instrucción pública que transmitiese una formación cultural capaz de actuar como ascensor social, como alternativa al proyecto de educación ideológica de Rousseau. Que es lo mismo que defienden los políticos liberales en España, como Aznar o Esperanza Aguirre, partidarios de una enseñanza pública exigente, disciplinada y de calidad, comptiendo libremente con la privada. Es la verdadera alternativa a las políticas socialistas igualitarias, que han degradado la escuela pública convirtiéndola en una especie de guardería sesentayochista dónde sólo se habla de ciudadanía, de la nación catalana, del calentamiento global y de la alianza de civilizaciones.

Y además de defender, como derecho individual, el recibir una instrucción cultural mínima con independencia de las creencias religiosas de los padres, defiendo la continuidad histórica de España y la enseñanza de la Historia, la Cultura y la Lengua de España, algo en lo que me uno a Alberto Recarte, a quien no sé si Esplugas calificaría de estatalista (le recomendaría leer Contradicciones de un Liberal). La transmisión de la cultura española es imposible si permitimos que una niña, sólo por haber nacido en una familia musulmana, vaya cubierta por un velo y no pueda practicar las mismas actividades que los niños; lo cual es, por cierto, incompatible con toda sociedad que proclame la igualdad jurídica de sus ciudadanos. Creo que nada de ésto es incompatible con defender el derecho de las familias a elegir entre distintos proyectos educativos, públicos o privados, aconfesionales o confesionales, en una lengua o en otra, que propongan distintas metodologías o distintos valores educativos, dentro del marco de la Instrucción pública nacional y del respeto a los principios constitucionales.

He desarrollado este argumento, precisamente, en un ensayo de La Ilustración Liberal, Instituciones de un sistema liberal de enseñanza, que buscaba justificar desde la óptica liberal de la libertad de las familias para elegir la educación, la necesidad de una instrucción pública como la que defienden liberales como Alicia Delibes o Federico Jiménez Losantos. Ninguno de los cuales es sospechoso de defender la imposición lingüística, el laicismo radical o la Educación para la Ciudadanía.

Los ganadores del 7-J

Sin ninguna duda los resultados electorales del 7 de junio arrojan un ganador claro, el Partido Popular, y un evidente perdedor, el PSOE. Y no cabe ninguna duda de que el voto se ha producido mayoritariamente en clave nacional, con lo que pierde Zapatero y, como tituló con ferviente pasión La Razón, gana Rajoy. Ahora bien, no se agota aquí la lista de ganadores. El presidente del PP dice que gana el modelo de partido del Congreso de Valencia. No se le puede decir que no. Pero también gana el modelo opuesto: gana Jaime Mayor Oreja, ganan los mítines con Aznar y Rato, gana una candidatura con el apoyo expreso de María San Gil y Ortega Lara. Gana, también, una candidatura con los pesos pesados del liberalismo popular, o sea, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo y Antonio López-Isturiz.

Por otra parte, el PP ha ganado al PSOE con algo más de 3 puntos de diferencia. Si consideramos la menor movilización de los jóvenes, la izquierda radical, y el no-voto útil del separatismo catalán en las europeas, esta diferencia probablemente sea insuficiente para ganar unas elecciones generales. No hay que olvidar que en las europeas del 95 el PP aventajó al PSOE en 11 puntos y, sin embargo, la victoria de Aznar en el 96 fue por tan sólo trescientos mil votos de diferencia. Si hemos de buscar vencedores, la mayor vencedora de estas elecciones sería Esperanza Aguirre quien, tras la campaña de acoso de PRISA y medios afines a la dirección nacional del PP a cuento del falso espionaje, ha mejorado el resultado en Madrid. Es más, si a nivel nacional el PP gana con 3 puntos, en Madrid gana con 13. O, dicho de otro modo, de los 3 millones de votos obtenidos por el PP, 1 millón viene de Madrid. Por arrojar una conclusión lo más gráfica posible, uno de cada tres votos ganados por Rajoy y Mayor, o sea, por el modelo del Congreso de Valencia y por el modelo María San Gil-Ortega Lara, ha venido de la región gobernada por Esperanza Aguirre.

Son, en fin, muchos los ganadores de estas elecciones. Y eso sin hablar de Rosa Díez.

Lo siento, pero discrepo

La web de la COPE lleva unas semanas publicando noticias cuyos titulares no pueden sino sorprendernos. Hace algunas semanas, la portada de la Web titulaba: "Aguirre guarda silencio sobre la píldora abortiva del día después". Titular una noticia con lo que un político no dice parece un ejemplo de manipulación, pero lo absurdo de la campaña contra Esperanza Aguirre es que su Consejero de Sanidad, como reconoce la noticia, ya se había expresado contra la medida anunciada por Zapatero.

Días después, nos encontramos con el siguiente titular: "UPyD y PP mantienen posturas opuestas sobre la Ley del aborto". Lo llamativo del titular es que venía a resumir una entrevista de Federico a Rosa Díez en la que la líder nacional de UPyD manifestó, precisamente, su rotunda oposición a la reforma, de la que dijo que abría las puertas al infanticidio, mostrándose así mucho más contudente que el PP (por entonces, sólo Esperanza Aguirre había manifestado con claridad que el aborto no era un derecho, mientras que Rajoy no había sacado el tema en el debate).

Y ayer el titular era el siguiente: "Quiero dejar de ser homosexual ¿Es posible?", que encabezaba una noticia ofensiva para los homosexuales, cuyos derechos siempre han sido defendidos desde La Mañana de la COPE, desde donde se pidió, antes de la Ley de matrimonio homosexual, una unión civil análoga. En fin, no puedo sino discrepar enérgicamente con los tres titulares y pedir a los lectores que, antes de juzgar a Aguirre o a Rosa Díez, escuchen lo que verdaderamente han dicho ambas en los mismos micrófonos de la COPE.